CAMPAÑAS

última actualización: 28/05/2008

Web: plataforma contra la represión y por las libertades

La expansión ilegítima de las privatizaciones en la Administración

Comunicado de repulsa de la Sección Sindical Pensionistas de la CSI

Comunicado contra la represión

AYÚDANOS A FINANCIAR LA CAMPAÑA

La Plataforma contra la Represión critica la ausencia de UGT en la manifestación del 22 y propone una huelga general.

La representante de la Plataforma contra la Represión y por las Libertades, Beatriz García, criticó hoy la "actitud sangrante" de UGT, por no sumarse a la manifestación convocada por los sindicatos para el próximo día 22, en Gijón, pese a que a uno de sus afiliados le piden cinco años de prisión por la agresión a un policía durante una protesta del antiguo astillero Izar -actual Factorías Juliana_el día de la inauguración del Acuario de Gijón.

Unido a ello, lamentó, en declaraciones a Europa Press, la "pasividad" de UGT que, mientras que sólo aportó 5.000 euros para ayudar al trabajador imputado por este caso a pagar la fianza, la plantilla del astillero entregó los 35.000 euros de su fondo de compensación para que hiciera frente al resto del pago, y ahora van a quitarse de la nómina todos los meses 20 euros para reponer dicho fondo. Además, han puesto a la venta bonos, a un precio de cinco euros, para el mismo fin.

García participó hoy en la rueda de prensa que convocó la Plataforma, en apoyo a la movilización del día 22. La manifestación dará comienzo a las 19.30 horas y partirá de la plaza del Humedal.

Asimismo, recordó que el principal motivo del acto de protesta son los "muchos casos de represión", entre los que destacó, además del del trabajador de Izar, el de los sindicalistas de CSI Juan Manuel Martínez Morala y Cándido González Carnero, condenados a tres años de prisión por los destrozos causados durante una de las movilizaciones de Naval Gijón. Una sentencia que está actualmente recurrida y pendiente de la resolución del indulto presentado.

Por todo ello, la Plataforma apuesta por ir más allá y convocar una huelga general, aunque sea sólo en Gijón en un principio. Por el momento, instaron a los ciudadanos a que participen en la manifestación del día 22. GIJÓN, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

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CONFERENCIA SINDICAL ANTIRREPRESIVA EN GIJÓN EL 20 DE OCTUBRE

SOLIDARIDAD OBRERA

Desde Solidaridad Obrera queremos convocar a todas las organizaciones sindicales solidaridas del estado español a la CONFERENCIA SINDICAL ANTIREPRESIVA a celebrar en Gijón el sábado 20 de octubre, para analizar, debatir y tomar acuerdos contra la represión que de diversas formas y maneras viene cebándose contra diferentes compañeras y compañeros en todo el Estado español.

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29 y 30 de octubre 2007. Jornadas sobre la Patagonia.

http://www.nodo50.org/sobrera
Jueves 11 de octubre de 2007

Conferencia Sindical Antirepresiva

No sólo es el caso de Cándido y Morala de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) de la Naval Gijón, condenados a tres años de cárcel y en tercer grado penitenciario, tampoco el intento de cierre de la Naval que de por sí ya justificaría esta Conferencia, si no que en estos días las agresiones y sentencias represivas estan a la orden de día (quema de locales de organizaciones de izquierda, agresiones fascistas en Alcalá de Henares, Madrid, etc., inicio del juicio por los incidentes de Cangas de o­nis de septiembre 2005, sentencia de cárcel para los AntiLOU 2001, sentencia de cárcel para Sergio LD por la cumbre europea 2002 en Barcelona, Juicio en la Audiencia Nacional al solidario Fernando González, Fer, etc.).

En la Conferencia analizaremos la situación, todas las organizaciones asistententes y trataremos de aprobar un acuerdo y un comunicado conjunto que nos ayude a combatir la represión en unidad. La conferencia terminará en movilización, ya que para la tarde del 20 de noviembre se convoca una Concentración contra la represión y por la libertad en la que estamos comprometidos los asistentes a la Conferencia Sindical Antirrepresiva.

Día 20 de octubre, sábado. Conferencia Antirepresiva. Gijón,

Casa Sindical. (C/ Sanz Crespo 333207 Gijón).

Horario: de 11.00 a 14.00 y de 16,30 a 18,30 h.

Hasta el momento han confirmado su asistencia, ademas de Solidaridad Obrera y todas las organizaciones sindicales y sociales de Gijón, la CGT (Plenaria de 4 de octubre) y la Coordinadora Sindical de Madrid.

Solidaridad Obrera http://www.nodo50.org/sobrera

NOTA: Para confirmar asistencia, o pedir más información dirigirse al correo electrónico: soliobrera 7aJ gmail.com, o a los siguientes teléfonos 675 444 009 (Manuel) 626 930 564 (David).

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La expansión ilegítima de las privatizaciones en la Administración

La privatización de la Ciudad Residencial de Perlora y la creación de una empresa mercantil para la gestión de infraestructuras culturales, turísticas y deportivas de propiedad pública son los últimos episodios de una política continuada por parte del Gobierno asturiano de fuga de la gestión pública en amplios sectores de competencias administrativas, que calificamos de ilegítima en cuanto que supone un recurso sistemático a la gestión privada como subterfugio o “fraude de ley” para eludir la aplicación de las garantías del Derecho Público en la selección del personal, la contratación de obras, servicios y suministros de bienes y la fiscalización de la actividad económica privatizada.

La eficacia en la gestión, utilizada como coartada sistemática para la encomienda de funciones administrativas a sociedades anónimas sin prueba alguna que la avale, esconde una práctica de supresión de los controles públicos de la actividad de la Administración, que está erosionando gravemente el principio de servicio objetivo a los intereses generales, y el sometimiento pleno a la ley y al Derecho de la actividad de la Administración Pública.

Las empresas mercantiles con forma de sociedad anónima a través de las cuales el Gobierno asturiano gestiona servicios públicos, construye obras públicas, o realiza estudios y proyectos técnicos – SRT, SEDES, VIPASA, SERPA, VALNALON, GISPASA etc. -, no son más que meros intermediarios interpuestos entre la Administración asturiana y el sector privado que realiza finalmente la actividad pública, que actúan como auténticos órganos de contratación “privados” suplantando a la gestión pública directa, al carecer de medios personales y materiales propios para realizar los encargos que supuestamente justificarían su creación. Y es aquí donde se encuentra el “fraude de ley” a gran escala consumado con la patente de corso otorgada por la Junta General del Principado de Asturias:

- Se crea por ley la sociedad anónima como entidad institucional propia del Gobierno asturiano, se le encomienda un sector de funciones o competencias administrativas que, de esta manera, se someten al Derecho privado y se sustraen a la gestión pública directa, se le asigna un presupuesto, pero no se la dota ni de personal ni de medios materiales para llevar a cabo por sí misma la gestión del servicio, la construcción de la obra o la realización de los estudios o proyectos que justificaron su creación.

- Ante esta situación, lo primero que tiene que hacer la sociedad anónima es contratar al personal necesario para desarrollar su actividad. Como se trata de una empresa que actúa conforme al Derecho privado, dicha selección no está sometida a los principios de igualdad, mérito y capacidad, que deben regir el acceso al empleo público.

- A no disponer de medios materiales propios, la sociedad anónima debe contratar con terceros - empresarios privados -, la ejecución de la obra pública, la gestión del servicio público, el suministro de bienes o las asistencias técnicas para la realización de estudios y proyectos. Obviamente, dicha contratación no se somete a las garantías de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

- Finalmente, la actividad de estas sociedades anónimas queda exenta de fiscalización pública previa y de los límites para asumir deuda que constriñen a la Administración pública.

Tomemos como ejemplo paradigmático a la empresa mercantil SERPA S.A. (empresa pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias S.A.), creada por la ley 7/2002, de 24 de junio, de la Junta General del Principado de Asturias, con un objeto social tan amplio que integra un gran número de competencias administrativas del Gobierno asturiano:

- realización de actuaciones, obras de construcción e infraestructura, trabajos y prestación de servicios de desarrollo rural, de interés agrario, de acuicultura y pesca marítima, de interés medioambiental, turístico, docente, cultural y deportivo

- labores de consultoría, estudio y asistencia técnica en las materias relacionadas en el apartado anterior

- promoción y comercialización agroalimentaria y de acuicultura y pesca marítima y la administración y gestión de bienes y el apoyo de servicios de la Administración del Principado de Asturias

- prevención y lucha contra plagas y enfermedades vegetales y animales, prevención y lucha contra los incendios forestales

- realización, a instancia de cualesquiera administraciones y organismos públicos, dentro y fuera de Asturias, de las actividades relacionadas en los tres primeros apartados

Pues bien, para realizar esta voluminosa relación de funciones y competencias administrativas, que se someten al ordenamiento jurídico privado, se dota a dicha sociedad anónima de un capital social inicial de 150.000 euros – 25 millones de pesetas en la equivalencia -, sin más medios personales ni materiales que los heredados de la extinta Empresa Asturiana de Servicios Agrarias EASA, a la que absorbe. En estas circunstancias y con estas condiciones, las preguntas que inmediatamente surgen son las siguientes: ¿cómo contrata a su personal la empresa SERPA S.A. (y el resto de empresas mercantiles del Gobierno asturiano)?, ¿ cómo contrata la empresa SERPA S.A. ( y el resto de empresas mercantiles del Gobierno asturiano) los servicios y colaboraciones de empresarios particulares para desarrollar las finalidades que tiene encomendadas por ley si carece de medios materiales propios para llevarlas a cabo por sí misma ?, ¿ cómo financia su extensísima gama de obras y actividades la empresa SERPA S.A. (y el resto de empresas mercantiles del Gobierno asturiano), con un capital social tan escaso, y a qué controles de fiscalización se somete?

Quedan retratadas de esta manera las graves consecuencias para los intereses generales de los ciudadanos y ciudadanas y para el principio de legalidad que se derivan de esta mercantilización masiva de los asuntos públicos:

a) La eliminación de los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso al empleo público es un camino directo al sistema característico de la administración pública del Antiguo Régimen o de la caciquil del siglo XIX, en las que los puestos públicos se alcanzaban por el poder del dinero, del estatus social o de las influencias (incluidas las de partido). Se perfecciona ahora el llamado “sistema del botín”, característico del régimen decimonónico de alternancia de partidos, conforme al cual el partido gobernante incorporaba a la administración a la camarilla de funcionarios propios, que cesaban cuando aquél perdía el poder. En la partitocracia representativa que ahora nos gobierna, tal incorporación se produce con carácter definitivo, a través de las empresas mercantiles de gestión de los asuntos públicos, y a costa del derecho fundamental de todos los ciudadanos y ciudadanas a acceder a los puestos públicos en condiciones de igualdad, instaurando un vergonzoso sistema de clientelismo político basado en el privilegio y la componenda.

Conviene recordar a los demócratas que nos gobiernan que el principio de acceso a los puestos públicos en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, es un principio radicalmente democrático, formulado por primera vez en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Asamblea revolucionaria francesa, en términos tales que, ante la proliferación actual de privilegios y vías de excepción, sigue conservando un significado subversivo.

b) La contratación de obras públicas, suministros de bienes o la gestión de servicios públicos, sin los controles y garantías establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, propicia el caldo de cultivo adecuado para la proliferación de casos de corrupción - en la sombra, en la penumbra o a plena luz del día -, de colusión de intereses públicos y privados, camarillas empresariales de partido etc.

c) Finalmente, la ausencia de un control fiscalizador previo de las actividades económicas sometidas a gestión privada, genera amplios márgenes a la impunidad en la gestión de servicios y asuntos de interés general.

Dicho lo anterior, procede recordar el desenlace final experimentado por las empresas mercantiles de la Administración pública que, a partir de los años 50, se utilizaron para gestionar servicios públicos de interés económico o sectores económicos estratégicos: hidrocarburos, electricidad, transportes, telecomunicaciones, siderurgia, sector naval etc. Todas las que eran rentables han sido vendidas finalmente al capital transnacional, en muchos casos tras costosísimos procesos de saneamiento a cargo del erario público, con pérdida de miles de puestos de trabajo en procesos de reconversión salvaje.

Este proceso es un aviso sobre el camino que pueden recorrer algunas de las sociedades mercantiles actualmente existentes, si el objeto al que se dedican resultará un negocio apetecible.

Si al panorama descrito, añadimos otros fenómenos inquietantes de privatización de servicios públicos esenciales, como los instaurados en materia educativa a través de conciertos económicos con centros educativos privados, la cesión generalizada a las asociaciones y entidades del llamado tercer sector ( sin ánimo de lucro) de la gestión y prestación de una gran parte de los servicios sociales de atención a los colectivos más desprotegidos de la sociedad: infancia, discapacitados, ancianos, drogodependientes, inmigrantes etc., retornando así a una especie de “estado de beneficencia” encubierto que oculta, paradójicamente, un desmantelamiento progresivo de los sistemas y recursos públicos de prestación directa de estos servicios esenciales, o la entrega a las grandes empresas multinacionales de la informática y las telecomunicaciones del control de los procesos de tratamiento de datos e información confidencial de los ciudadanos y ciudadanas; nos encontramos con una negra realidad tapada por una intensa campaña de autobombo y política espectacular que resulta preciso desvelar por elementales razones de higiene democrática.


Juan Manuel Martínez Morala

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SECCIÓN SINDICAL PENSIONISTAS DE LA CORRIENTE SINDICAL DE IZQUIEDA (CSI

Jueves, 01 de marzo de 2007

Los pensionistas de la CSI, en reunión extraordinaria acordamos hacer público el siguiente escrito de repulsa, contra la sentencia fallada por El Ilmo. Sr. D. Lino Rubio Mayo. Por lo que nos dirigimos a la sociedad asturiana, para dejar claro:

Que estamos totalmente en contra de la sentencia condenatoria contra nuestro Secretario General Juan M. Martínez Morala y el Ex-Secretario Cándido González Carnero, Ya que nunca debieron ser juzgados:

Por que son inocentes y porque supone la criminilización del movimiento obrero, a través de una ley injusta y además de todas improcedente, (Ley antiterrorista) eso es saltarse la reglas del juego democrático. Es volver a viejos tiempos, es represión contra los trabajadores. Por lo que pedimos la derogación de esta ley. Y la libre absolución de los dos trabajadores, Candido y Morala. A si mismo la dimisión de los responsables políticos del, Ayuntamiento de Gijón. Y la del Delegado del Gobierno, Señor Trevin. 

Que esta sentencia confirma la represión existente y que va, en aumento, contra el movimiento obrero en general. Y particularmente contra nuestro sindicato, ya que, es público y notorio que solo, se dirigió sobre Candido y Morala, el dedo acusador. Que este dedo pertenece a los que gobiernan nuestra región, concretamente el Ayuntamiento de Gijón y el señor Trevin.

Y a los que se suman ahora haciendo, la retahíla de comunicados, achacando a nuestro sindicato de manipulador interesado, les tenemos que recordar que nosotros, “somos las victimas”, no ellos. Es más nosotros no dependemos, de dineros públicos para nuestra subsistencia, _ el dicho: pobres sí, pero honrados_ por lo que no tenemos hipotecados ni supeditados nuestros criterios, más aún, tampoco tenemos listas electorales.

Que si es que les molesta, que sea su rival electoral haciendo uso de su derecho parlamentario (El PP) el que les refresque la memoria y les aclare la conciencia, ese es su problema, por no tenerlas, no el nuestro. O es que ahora también, pretenden defenderse acusándonos de trabajar para el PP. Ya que No, ayudáis por lo menos no estorbar.

Intentáis deslegitimar, ir de niños buenos, pero como os atrevéis, nosotros no estamos presentes en todas las empresas de este país, ni en todos los conflictos, por lo que invito a cualquiera a echar mano de hemeroteca y ver lo tiernas y suaves que son vuestras reivindicaciones, Ya sabemos, que hacéis de apaga fuegos. Pero tener cuidado, porque en las garduñas suelen caer también quien las coloca.

Que el Ayuntamiento de Gijón el 11-03-2005 mete una denuncia por daños, en la comisaría de Gijón, realizados por trabajadores de Naval Gijón, y la policía se encarga de decir que los daños los hicieron Cándido y Morala. El Ayuntamiento continúa con su denuncia en los Juzgados sabiendo que los únicos imputados por esos daños son Morala y Cándido. Es más, desde el consistorio montan el embrollo del funcionario notificador que, en representación del Ayuntamiento, declaró en enero de 2006 que éste era parte y reclamaba, pero, meses después, el Consistorio sale a la palestra diciendo que había sido un error. Sois vosotros los que montáis el carnaval, no nosotros, con el único fin de confundir a los ciudadanos.

Incluso en el juicio celebrado, el día 30 de enero estuvieron presentes. El Ayuntamiento de Gijón, no había retirado ninguna denuncia, y la prueba evidente de ello es que los testigos del Ayuntamiento declararon en el juicio, y para mas datos el responsable de la empresa municipal Sr. Fernando Mª Palacios Llanos confirma los daños valorados en 5.624,83 €. Se sigue negando lo innegable desde PSOE-IU.

Que gracias al PSOE-IU, nos sentimos heridos, criminalizados, denostados, difamados, consternados, por el ensañamiento contra nuestro sindicato pero, aún peor, por lo que están haciendo a nuestros dos compañeros, que a la vez son dos trabajadores honrados, pero no estamos acabados, ni desanimados. Nos duele pero continuaremos.

Firmado: SECCIÓN DE PENSIONISTAS DE LA CSI

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Comunicado De La Plataforma contra la Represión

Ya condenaron a CARNERO y MORALA a 3 AÑOS de CÁRCEL, a una multa de 2.160 € y a pagar al Ayuntamiento de Xixón 5.624 € por la lucha de los trabajadores contra el cierre de Naval Xixón y por oponerse a la especulación urbanística en la bahía de Xixón. Quieren cerrar los astilleros con la disculpa de hacer un astillero en el Musel, y luego especular con los 300.000 m. cuadrados que quedarían libres y hacer viviendas de lujo, sin importarles los trabajadores de Juliana, del Tallerón y de Naval Gijón.

El proceso contra Carnero y Morala es un montaje, donde interviene un policía infiltrado, un funcionario del Ayuntamiento de Xixón que no tenía poderes y un video que graba la policía para culpar a Carnero y Morala, pero que el Fiscal y el Juez se niegan a que se vea en el juicio. ¿Cómo es posible que se nieguen a ver el video grabado por la policía para culpar a Carnero y Morala? Porque el video demuestra que no fueron Carnero y Morala y contradice los testimonios de la policía. Carnero y Morala fueron condenados sin ninguna prueba.

El Ayuntamiento de Xixón (PSOE -IU) insiste en que no puso ninguna denuncia contra Carnero y Morala, pero olvida que al día siguiente de la movilización de los trabajadores de Naval Gijón, comparece en la COMISARÍA en REPRESENTACIÓN del AYUNTAMIENTO un POLICÍA MUNICIPAL para entregar un INFORME del JEFE de la sección de tráfico del Ayuntamiento de Xixón, con los daños. Cuando se descubre que además el Ayuntamiento se muestra PARTE y RECLAMA, le echan la culpa a un funcionario municipal diciendo que no tenía poderes, pero no quitan la denuncia ¿El Ayuntamiento de Xixón va a renunciar a cobrar a Carnero y Morala los 5.624 € ? La condena a Carnero y Morala, es un precedente peligroso y no el único, ya que la lista de actos represivos no para de aumentar.

Beatriz Quirós portavoz del SUATEA y a la vez Presidenta de la Junta de Personal de los profesores de Asturias y también Jesús de la Roza, miembro del SUATEA y Secretario de la Junta de Personal fueron acusados por la policía de insultar a las autoridades y por ello fueron procesados y juzgados.

Acoso y represión es la respuesta del Presidente de Cajastur Manuel Menéndez a las reivindicaciones de los trabajadores. Además de despedir a Marco Antuña por criticar a Manuel Menéndez, ordena traslados y ceses de Directores e interventores que participaron en una huelga legal. Varios trabajadores de CAJASTUR, fueron desalojados de forma desproporcionada por los antidisturbios y además han sido denunciados en el juzgado.

Trabajadores de la Sanidad que participaban en una concentración pacífica dentro del Hospital en Oviedo fueron desalojados, con una carga policial, que dio lugar a varios heridos y un detenido. No se recuerda la entrada de antidisturbios en un hospital ni en la época de la “otra dictadura”.Condenaron a NICASIO MONTES por estar en una manifestación que no había ido, la denuncia fue de la policía, esto nos recuerda tiempos pasados. Están usando la policía contra los movimientos ciudadanos, sociales y de trabajadores que discrepan y luchan por sus derechos.

Expropiaciones, detenciones, juicios, querellas etc. son las respuestas para aquellos que se oponen a las especulaciones urbanísticas. También recurren al acoso contra los que no quieren vender sus propiedades. Hay un plan especulativo para apropiarse de toda la costa asturiana y no pararán hasta que esté destruida con chalets, pisos y campos de golf. ¿Para eso quieren el embalse de Caleao?

La represión y recorte de las libertades no solo la sufren los movimientos sociales y los trabajadores, también alcanza a Teleasturias que por ser crítica con el Gobierno de Areces, la cierran y echan a los 70 trabajadores.

Muchos ciudadanos y trabajadores nos preguntamos ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe esta ola de represión generalizada por parte del Delegado del Gobierno en Asturias Antonio Trevín (PSOE)? Las respuestas pueden ser muchas pero la principal responde a la necesidad de cortar por lo sano, las contestaciones sociales que puedan ser el germen de una oposición más global a los planes de desmantelamiento y destrucción de Asturias.

Por todo ello es necesario coordinar y globalizar la contestación a la represión, y a la criminalización de las luchas de los trabajadores y movimientos sociales, sin olvidar las respuestas a los casos concretos de represión que también necesitan solidaridad.

La campaña para la manifestación del día 29 de marzo, debe lograr que los asturianos entiendan que hay que salir masivamente a la calle para denunciar la represión y el recorte de las libertades y exigir la dimisión del Delegado del Gobierno Antonio Trevín (PSOE), la readmisión de Marco Antuña, la retirada de las denuncias contra todas las personas represaliadas y el archivo de todos los procesos judiciales y en especial el de CARNERO y MORALA.