Nos jubilaremos más tarde, la pensión será menor

Lleer versión n'asturiano

Estaya de l'Alministración Pública

13-02-2010

bLo que propone el Gobierno

El pasado 29 de enero de 2010 el Consejo de Ministros aprobó una Declaración política sobre lo que ellos llaman “el universo de la protección social”, susceptible de “traducirse en el plazo más breve posible en reformas legales concretas”. La “Declaración” se muestra abiertamente partidaria de introducir modificaciones en el régimen jurídico de las prestaciones de Seguridad Social, con una serie de escondidos intereses muy concretos en favor de una reforma neoconservadora que acaso constituya el mayor retroceso en la protección de los trabajadores desde el advenimiento de la democracia. En general, puede afirmarse que el documento al que nos referimos está al servicio de dos grandes objetivos: abrir al mercado el sistema español de protección social, incrementando y extendiendo la importancia de la previsión social complementaria que se desarrolla en el ámbito privado, reservando “un papel reforzado para la previsión social complementaria en relación con la prestación por jubilación. El segundo objetivo, complementario del anterior e íntimamente ligado al mismo, consiste en establecer restricciones subjetivas y limitaciones objetivas en el régimen de acceso o de disfrute de determinadas prestaciones, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, la prestación económica por causa de jubilación. En efecto, lo primero que señala la “Declaración” es la necesidad de incrementar la edad de jubilación legalmente establecida “desde los 65 hasta los 67 años”, a través de un proceso gradual y progresivo que comenzaría en el año 2013 y se plasmaría en el cuadro siguiente:

Si naciste en …

… te jubilarás a los …

1947

65 años

1948

65 años y 2 meses

1949

65 años y 4 meses

1950

65 años y 6 meses

1951

65 años y 8 meses

1952

65 años y 10 meses

1953

66 años

1954

66 años y 2 meses

1955

66 años y 4 meses

1956

66 años y 6 meses

1957

66 años y 8 meses

1958

66 años y 10 meses

1959

67 años

1960 y sucesivos

67 años

Además, la “Declaración” defendía la ampliación del período de cotización que se toma en consideración para calcular la base reguladora de la pensión de jubilación, lo que podría traducirse en una sensible disminución de la cuantía de la pensión para una mayoría de trabajadores que obtienen mejores salarios en el último período de su carrera profesional. De acuerdo con su desconcertante y poco seria política de amagar y no dar, de amenazar y retirar, a los pocos días el Gobierno retiró esta propuesta. Lo que pueda suceder al final con ella sigue siendo una incógnita.

Lo que significa la propuesta del Gobierno: roban los pensionistas, no los bancos.

Como puede observarse, la “Declaración” del Ejecutivo no se limita a proponer una simple “adaptación” o “ajuste” del régimen jurídico de la pensión de jubilación, sino que pone sobre la mesa una estrategia calculada y diseñada para reducir la cobertura que dispensa el sistema de Seguridad Social frente a la situación de necesidad conocida como jubilación. La matización del Gobierno de que las medidas anteriores sean aplicadas de manera gradual y paulatina sólo pretende, en realidad, difuminar las consecuencias sociales que provocará una reforma económica de corte radical y antigarantista , para que la reacción de la población sea más contenida y acabe por desdibujarse con el transcurso del tiempo . La “Declaración”, que ha merecido el inmediato aplauso de la patronal y los banqueros, plantea el endurecimiento de las condiciones que permiten el acceso a la pensión contributiva de jubilación y trasluce la intención de reducir la cuantía de la prestación. Pero, más allá de todo ello, el documento aprobado por el Gobierno representa un claro alineamiento con las tendencias más radicales que defienden la ruptura del modelo público de protección social vigente en nuestro país, aproximándonos a un escenario que aparece caracterizado por dos rasgos significativos: UNA SEGURIDAD SOCIAL PÚBLICA MUY DEBILITADA, DE NATURALEZA CRECIENTEMENTE ASISTENCIAL, Y UNA PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA QUE SE ENCOMIENDA A LA INICIATIVA PRIVADA Y AL ESFUERZO INDIVIDUAL DE LOS TRABAJADORES.

 

c¿Es esto un hecho aislado?  ¿Qué hay detrás?

Pero estas medidas no son algo aislado o surgido de un momento de fiebre de nuestro Presidente Zapatero.  No, esto se enmarca en una política de recortes de derechos para la clase trabajadora que tiene como perfecta excusa la crisis financiera que atravesamos, que tiene unos clarísimos culpables.

La crisis económica actual, una de tantas cíclicas a las que nos tiene acostumbrados el capitalismo, fue provocada por los grandes especuladores, buscadores de dinero rápido y fácil, creadores de fortunas sobre castillos de naipes que se desploman en cuanto sopla un pequeño viento.

En España asistimos a un aumento salvaje del número de parados, al cierre continuado de empresas, a la proliferación de Expedientes de Regulación de Empleo que suponen el despido de miles de trabajadores. En Asturias ya son 80.000 los parados y paradas registrados en las Oficinas de Empleo (4 millones en España), muchos de ellos empiezan ya a ver cómo se agotan las prestaciones y se asoman a la indigencia, sin ninguna expectativa a corto plazo de que las cosas vayan a cambiar.

Eso sí, el Banco de Santander acaba de publicar su cuenta de beneficios, en la que batió nuevos récords, ganando más que nunca.

El Gobierno “socialista” ya ha decidido qué hacer y una vez más, considera que deben ser los trabajadores los que se vean penalizados a la hora de pagar las consecuencias de esta crisis que nosotros no generamos. En su momento se pusieron miles de millones de euros a disposición de los bancos para cubrir sus posibles pérdidas y ahora se pretenden realizar reformas en la línea de lo que plantean la patronal y el Banco de España, aumento de la edad de jubilación a los 67 años, ampliación del cómputo para realizar el cálculo de la pensión y reforma del mercado laboral con abaratamiento del despido en el camino hacia el despido libre que es la pretensión última de la CEOE; por desgracia, la propuesta de reforma laboral presentada recientemente por el Gobierno a la patronal y al sindicato institucional UGT/CCOO, ya contó con el beneplácito de éstos, que sólo opusieron pequeños matices.

Todas estas propuestas van en una misma dirección, la de empeorar las condiciones de vida de los trabajadores, retrasando el fin de su vida laboral, menguando las cantidades que se van a percibir en su pensión de jubilación tras toda una vida de trabajo y cotización y prostituyendo aún más el mercado laboral, facilitando el que los empresarios puedan despedir aún con menos limitaciones de las que ya tienen ahora, que son bien pocas.

Un gobierno que se dice de izquierdas quiere hacer recaer de nuevo el peso de la crisis sobre las espaldas de los de siempre, porque no se atreve a enfrentarse a los verdaderos causantes de esta situación, los bancos, los entramados financieros, que no solo se ven libres de responsabilidades, sino que como buenos usureros aprovechan para hacer aún más negocio adaptándose a las nuevas condiciones que ofrecen los mercados.

Un gobierno de izquierdas debería establecer unos impuestos sobre los enormes beneficios de estas compañías, debería perseguir a las empresas que utilizan el fraude contractual de forma permanente para explotar a sus trabajadores y aprovecharse de las subvenciones, debería gravar las grandes fortunas de este país, logradas a costa del esfuerzo de quienes no tienen otro bien económico que la fuerza de su trabajo.  Un gobierno de izquierdas debería expropiar vía impuestos directos sobre el capital los escandalosos beneficios declarados por la Banca y las grandes empresas multinacionales españolas, para de ese modo recaudar fondos suficientes para hacer frente a las necesidades de la población española en situación de pobreza extrema.

¿Qué hacer?

Desde nuestro punto de vista, la “Declaración” del Gobierno constituye un ataque de tal calado que la clase obrera, a través de sus organizaciones representativas, debe oponerse a esta ofensiva procediendo a la convocatoria de una huelga general. LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ESTÁ EN PELIGRO.

No debemos consentir que, con la excusa de la crisis, se produzca ningún retroceso en los derechos de los trabajadores que tanto costó conseguir. Otra política económica es posible, no asumamos el discurso único, en el que la obtención del beneficio lo justifica todo. Resistamos ante esta nueva ofensiva del capital.

csi@princast.es