09-08-2010Estaya de l'Alministración Autonómica de la CSI
La puñalada trapera que acaban de asestar PSOE e IU a la Administración Pública, rebajando el sueldo a los empleados públicos y recortando las plantillas que deben gestionar los servicios públicos prestados a los ciudadanos y ciudadanas asturianas, tenía difícil justificación. Izquierda Unida lo tenía aún peor desde una óptica de izquierdas, lo que incluso provocó un cisma interno. Para intentar salvar la papeleta intentan vender a la opinión pública una supuesta contrapartida: a cambio de apoyar al PSOE en esta agresión a los servicios públicos, ellos conseguían salvar de los recortes su Consejería de Bienestar Social y, en concreto, las prestaciones a la Dependencia.
Sin embargo, se cuidan muy mucho de desvelar la realidad y los datos concretos de los vaivenes sufridos por la estrella de su política social. Veamos esa realidad.
La realidad de la Sección de Prestaciones a la Dependencia
Para comenzar, unos datos. La Sección de Prestaciones a la Dependencia la componen 12 personas, que desde el inicio de la aplicación de la Ley de Dependencia (noviembre del 2007) han gestionado más de 30.000 expedientes.
Durante este tiempo se han contado con las siguientes ayudas en cuanto a volumen de personal:
- En 2008, tres meses de contrato con la empresa semi-pública SERPA (Junio a Setiembre).
- En 2009 se contrataron por acumulo de tareas 10 personas (5 auxiliares y 5 administrativos) de setiembre de diciembre. Se prorrogó dicho contrato hasta febrero del 2010.
- En abril de este año se volvió a hacer otro contrato de acúmulos de las mismas características (pero con diferentes personas, a las que nuevamente hubo de organizar y enseñar), y cuando a los tres meses se acabó dicho contrato, aunque desde la propia Consejería se dijo que se prorrogaría otros tres meses (había dinero para ello), la Dirección General de Función Pública lo denegó. A partir del 12 de junio, la sección volvió a estar compuesta sólo por las 12 personas iniciales, con el consiguiente desastre en la organización de las diferentes tareas.
Se autorizaron horas extraordinarias, del 12 al 30 de junio, para grabar expedientes en la aplicación informática nacional, y así recabar financiación del gobierno central en atención al volumen de expedientes. Hay que decir, además, que dichas horas fueron aprovechadas también para sacar otros trabajos.
La postura de la Consejera
Pues bien, en rueda de prensa (30 de junio), la Consejera de Bienestar Social "alardeaba" de la cantidad de expedientes que se habían sacado ese mes, sin aclarar que había sido a costa de esas horas extras. Lo que consiguió con ello fue ni más ni menos que poner a los empleados públicos a los pies de los caballos de la opinión pública: sólo había que entrar en los foros de opinión de los periódicos digitales, en los que se comprobaba que la idea que había calado entre la ciudadanía era sencillamente que estos empleados tenían que haber trabajado a ese ritmo el resto del año. Lo que no se tuvo a bien transmitir a esa opinión pública fue el tremendo esfuerzo de este personal, que con casi la mitad de efectivos y volcándose en el trabajo a jornada completa solucionó lo que los responsables políticos no hacen más que estropear. Conclusión: para salvar la cara políticamente se deja con el culo al aire al personal que con su esfuerzo les soluciona el embrollo.
¿Pero no decían que no habría recortes?
Pero hay más. En principio estaba previsto crear 6 plazas para reforzar la Sección. Ahora nos enteramos de que, en realidad, sólo serán 3, pues las otras se destinarán a otras Secciones de la Consejería (Salario Social y PNC.)
Y para acabar, otra de las miserias del pacto PSOE-IU de julio: IU asumía el “tijeretazo” a cambio, entre otras cosas, de "evitar formalmente que se recorten las partidas destinadas a la ley de Dependencia y a políticas sociales" (palabras textuales). Pues bien, la opinión pública debe saber que todas las Áreas Sociales Territoriales han sufrido graves recortes de personal en las últimas semanas. Estas Areas (en número de ocho y organizadas por criterios geográficos) tienen un papel fundamental en la gestión de las prestaciones de dependencia, pues son las que se encargan de gestionar las solicitudes que les viene de los servicios sociales municipales, de las visitas domiciliarias para ver el grado y nivel de dependencia del interesado, así como, una vez que desde la Sección de Dependencia se evalúa económicamente dicha dependencia, ponerse en contacto con la familia para negociar con ella los distintos servicios de ayuda. En el caso de las Areas Centrales (Oviedo, Gijón, Avilés y las Cuencas), el retraso de estas gestiones era muy grave, situación que con este recorte alcanzará unos extremos realmente vergonzosos.
Conclusión
Este análisis de las políticas sociales en el Principado deja en muy mal lugar a Izquierda Unida, prisionera de sus urgencias y necesidades económicas, obligada a “tocar poder” para sobrevivir, y teniendo que olvidarse continuamente de su programa y sus principios y dando la espalda a los trabajadores que acuden a solicitar su apoyo. Los empleados públicos somos el último escalón que han bajado en esta escalera al abismo, y no olvidamos.