Concentración por el despido de la representante de CSI en "Valoriza"

27-01-2012 CSI Avilés.

El próximo viernes 27 de enero, a las 19:00h., la CSI convoca una concentración ante el centro geriátrico de Los Canapés, en Avilés, por el despido de su representante sindical en la empresa “Valoriza”.

“Valoriza” es una empresa subcontratada por el ERA (Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias), organismo perteneciente a la Consejería de Bienestar Social, y que presta servicios de celaduría, limpieza y mantenimiento, entre otros, en centros geriátricos pertenecientes al ERA. Esta empresa, que pertenece al grupo empresarial de Florentino Pérez, posee, en Avilés, la subcontrata de dos centros geriátricos: la Residencia Avilés y el Centro Geriátrico de Los Canapés, y su responsable es, además, trabajadora asalariada del ERA (en la residencia de El Naranco) y afiliada al partido político Foro Asturias.
La representante sindical de la Corriente Sindical d’Izquierda en la empresa Valoriza, fue despedida el pasado viernes 20 de enero de 2012, con la excusa, según la versión de la empresa, del bajo rendimiento de la trabajadora durante el mes anterior.
Pero se da la circunstancia de que, durante ese periodo de tiempo, la trabajadora se encontraba en situación de Incapacidad Laboral Transitoria (baja laboral) por un accidente de trabajo, que la empresa no quiere reconocer y pretende hacer pasar por una baja por enfermedad común.

Para la CSI, Ias verdaderas razones para este despido son otras muy distintas:

1-La empresa Valoriza mantiene una condiciones laborales ilegales en el centro geriátrico de Los Canapés (tareas encomendadas, horarios y calendarios laborales...), a pesar de llevar solamente unos meses a cargo de la subcontrata, en sustitución de la anterior empresa encargada.

2-La representante sindical de la CSI en la empresa Valoriza es trabajadora del citado centro geriátrico de Los Canapés. Previamente, esta trabajadora fue representante sindical de la CSI en la anterior empresa adjudicataria de la subcontrata de dicho centro.

3-Debido a esa condición de representante sindical, la trabajadora venía manteniendo un proceso de denuncia de las condiciones ilegales de trabajo que se están dando en la empresa. Tanto las tareas encomendadas a los trabajadores y trabajadoras, como los calendarios laborales, se hacen a capricho de la responsable de Valoriza en Avilés, vulnerando la legislación laboral en vigor, incluso cuando existe un requerimiento de la Inspección de Trabajo encaminado a cambiar esas condiciones laborales de dicho centro y ajustarlas a la legalidad vigente.

4-Para la CSI, la empresa Valoriza quiere reprimir y castigar a la representante de la CSI por la defensa de los derechos laborales que estaba realizando en el centro de Los Canapés. No cabe duda de que, para Valoriza, esta trabajadora es un “estorbo” que quiere suprimir con un despido, que sólo se entiende como un acto de represión y persecución sindical y como el primer paso de la empresa en el deterioro y precarización de las condiciones de trabajo.

5-Valoriza actuó, además, de mala fe. La CSI mantuvo una primera reunión con la empresa, en la que ésta reconoció su error en el despido de la so representante sindical y se comprometió con los representantes sindicales de CSI a readmitirla de nuevo. En lugar de ello, la trabajadora recibió por correo una nueva carta en la que la empresa Valoriza no sólo no la readmitía sino que confirmaba su despido por los mismos falsos motivos y con nueva fecha.

A todo esto se suman las circunstancias de que la representante de CSI es una persona de 59 años, con una discapacidad reconocida del 50% y tiene a su cargo a varios familiares, uno de los cuales, se encuentra en silla de ruedas.

Por todos estos motivos, la CSI considera abierto este conflicto y se propone como metas la readmisión inmediata de su representante sindical, la recuperación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la empresa y la normalización de sus condiciones laborales, para lo cual no dudará ni un instante en utilizar todas la medidas judiciales y de presión social que tenga a su alcance.